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On October 29, 2024, the Thai government issued a Cabinet Resolution to expedite the resolution of legal status for individuals already listed in the state’s household registration database.1 Under this mandate, eligible applicants who submit the required petitions and supporting documents are entitled to have their status processed within a mere five days.
Leveraging this Resolution, an action research project titled “Atrocity Prevention during a Migration Crisis: Thailand” was designed to address issues regarding civil registration and the legal status of marginalized groups. The project focused on three research sites, including Ban Viengmok, a small village in the Chiang Khong District of Chiang Rai. Conducted by the Prorights Foundation in cooperation with the Faculty of Law at Chulalongkorn University, the research team’s interventions have already led to several success stories along the border.
The Challenge of Mobility and Security
Ban Viengmok is a northern border village where cross-border movement and seasonal mobility are integral to local livelihoods. Although approximately 200 residents were identified during the initial survey, many were no longer in the village by the time fieldwork began. Some had relocated for work, others were circulating across the border, some had pursued earlier regularization channels, and some had passed away. Consequently, eligibility became contingent on being physically present during a narrow project window—a fundamental mismatch for a community organized around mobility.
Además, los registradores locales suelen interpretar la movilidad desde la perspectiva de la seguridad nacional y la prevención del fraude. Aludiendo a los movimientos transfronterizos y a la creciente presencia regional de inversores extranjeros, las autoridades mantienen una postura de extrema cautela. Este enfoque securitario reorienta el objetivo de la Resolución: en lugar de resolver la exclusión histórica, la atención se centra a menudo en «proteger» el registro frente a solicitudes supuestamente inadmisibles.
Barreras administrativas y la carga de la prueba
Para los habitantes de las aldeas con los que se pudo contactar durante el proyecto, el principal obstáculo no solía ser la elegibilidad sustantiva, sino pequeñas discrepancias en los datos. Las inconsistencias entre documentos o bases de datos —que solían referirse a datos básicos como el lugar de nacimiento o la fecha de inscripción— se trataban con frecuencia como «señales de alarma». Problemas que probablemente reflejaban errores administrativos del pasado o inscripciones puntuales se interpretaban, en cambio, como posibles fraudes.
Dado que las bases de datos gubernamentales no están totalmente sincronizadas, subsanar estas discrepancias requiere rastrear registros antiguos en distintos distritos y organismos. Los funcionarios, que suelen mostrarse reacios a emprender esta laboriosa tarea, a menudo trasladan la carga de la prueba a los solicitantes, quienes con frecuencia carecen de la documentación, el tiempo o los conocimientos jurídicos necesarios para «corregir» sus expedientes. Desde el punto de vista de los solicitantes, la Resolución no parece tanto un mecanismo de agilización como una exigencia de que sean ellos quienes primero hagan legibles los propios registros del Estado.
Una historia de éxito en medio de obstáculos sistémicos
La situación en Chiang Rai ilustra cómo la movilidad, la desconfianza institucional y la fragmentación de los datos limitan el alcance de la Resolución a un pequeño grupo: aquellos que se encontraban allí en el momento adecuado y cuyos antecedentes eran inusualmente «limpios».
Sin embargo, a pesar de estos retos sistémicos, el proyecto logró un éxito transformador. «La Sra. A», una licenciada universitaria de Chiang Rai, llevaba varios años tratando de obtener la nacionalidad tailandesa en virtud del artículo 7 bis de la Ley de Nacionalidad (modificada en 2008), que permite a los titulados universitarios solicitar la ciudadanía. Durante años, los funcionarios habían insistido erróneamente en que presentara documentación relativa a sus padres como requisito previo. El equipo de investigación intervino para aclarar que, según los criterios legales, la Sra. A reunía los requisitos por méritos propios sin necesidad de más demora. Al demostrar que la documentación de sus padres no era un requisito legal, el equipo rompió el estancamiento administrativo. Posteriormente, se concedió a la Sra. A la nacionalidad tailandesa, convirtiéndose en una de las pocas personas que obtuvieron la ciudadanía gracias a estas intervenciones de investigación específicas.
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1. No todas las personas con una situación legal sin resolver inscritas en el registro civil están cubiertas por estas medidas urgentes. Como se ha señalado anteriormente, el Estado tailandés mantiene registros actualizados de las personas con problemas de situación legal, clasificándolas en grupos según el periodo en el que fueron censadas por primera vez. Esta medida concreta tiene por objeto regularizar la situación de aquellas personas registradas como residentes antes del año 2000 (hace aproximadamente 25 años). Por consiguiente, las personas registradas como entradas en el país después de esa fecha no entran dentro del grupo destinatario de esta medida.
El 29 de octubre de 2024, el gobierno tailandés emitió una Resolución del Gabinete para agilizar la regularización del estatus legal de las personas que ya figuran en la base de datos del registro de hogares del Estado. Bajo este mandato, lxs solicitantes elegibles que presenten las peticiones y documentos de respaldo requeridos tienen derecho a que su trámite se procese en un plazo de apenas cinco días.
Aprovechando esta Resolución, se diseñó un proyecto de investigación-acción titulado “Prevención de Atrocidades durante una Crisis Migratoria: Tailandia”, con el fin de abordar problemas relacionados con el registro civil y el estatus legal de grupos marginados. El proyecto se centró en tres sitios de investigación, entre ellos Ban Viengmok, una pequeña aldea en el distrito de Chiang Khong, en Chiang Rai. Llevado a cabo por la Fundación Prorights en cooperación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chulalongkorn, las intervenciones del equipo de investigación ya han dado lugar a varias historias de éxito a lo largo de la frontera.
El Desafío de la Movilidad y la Seguridad
Ban Viengmok es una aldea de la frontera norte donde el movimiento transfronterizo y la movilidad estacional son parte integral del sustento local. Aunque se identificaron aproximadamente 200 residentes durante la encuesta inicial, muchos ya no se encontraban en la aldea cuando comenzó el trabajo de campo. Algunxs se habían trasladado por motivos laborales, otrxs circulaban a través de la frontera, algunxs habían buscado canales de regularización anteriores y otrxs habían fallecido. En consecuencia, la elegibilidad quedó supeditada a estar físicamente presente durante una estrecha ventana de tiempo del proyecto, lo que supuso un desajuste fundamental para una comunidad organizada en torno a la movilidad.
Además, lxs registradorxs locales suelen interpretar la movilidad a través del prisma de la seguridad nacional y la prevención del fraude. Al citar el movimiento transfronterizo y la creciente presencia regional de inversores extranjeros, lxs funcionarixs mantienen una postura de extrema cautela. Este enfoque securitizado redefine el objetivo de la Resolución: en lugar de resolver la exclusión histórica, el enfoque suele desplazarse hacia la "protección" del registro frente a supuestas reclamaciones no elegibles.
Barreras Administrativas y la Carga de la Prueba
Para lxs aldeanos localizables durante el proyecto, el principal obstáculo a menudo no era la elegibilidad sustantiva, sino discrepancias menores en los datos. Las inconsistencias entre documentos o bases de datos —que generalmente involucran datos básicos como el lugar de nacimiento o la fecha de entrada— fueron tratadas frecuentemente como "señales de alerta". Los problemas que probablemente reflejaban errores administrativos del pasado o registros ad hoc se interpretaron, en cambio, como posible fraude.
Dado que las bases de datos gubernamentales no están plenamente sincronizadas, rectificar estas discrepancias requiere rastrear registros heredados en diversos distritos y organismos. Generalmente reacios a iniciar este trabajo intensivo, lxs funcionarixs suelen trasladar la carga de la prueba a lxs solicitantes, quienes frecuentemente carecen de la documentación, el tiempo o la pericia legal para "reparar" sus expedientes. Desde la perspectiva de lxs solicitantes, la Resolución se siente menos como un mecanismo de aceleración y más como una exigencia de que sean ellos quienes primero den legibilidad a los propios registros del Estado.
Una Historia de Éxito entre Obstáculos Sistémicos
La situación en Chiang Rai ilustra cómo la movilidad, la desconfianza institucional y los datos fragmentados reducen el alcance de la Resolución a un pequeño subgrupo: aquellos presentes en el momento adecuado con expedientes inusualmente "limpios".
Sin embargo, a pesar de estos desafíos sistémicos, el proyecto logró un éxito transformador. La "Sra. A", graduada universitaria en Chiang Rai, había pasado varios años buscando la nacionalidad tailandesa bajo la Sección 7 bis de la Ley de Nacionalidad (enmendada en 2008), la cual permite a lxs graduadxs con título de licenciatura solicitar la ciudadanía. Durante años, los funcionarios habían insistido erróneamente en que ella proporcionara documentación sobre sus padres como requisito previo. El equipo de investigación intervino para aclarar que, basándose en los criterios legales, la Sra. A era elegible por sus propios méritos sin más demora. Al demostrar que la evidencia sobre sus padres no era legalmente requerida, el equipo rompió el estancamiento administrativo. Posteriormente, se le concedió a la Sra. A la nacionalidad tailandesa, convirtiéndose en una de las pocas personas en asegurar la ciudadanía a través de estas intervenciones de investigación dirigidas.
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1. No todas las personas con una situación jurídica pendiente que figuran en el registro de hogares están amparadas por estas medidas urgentes. Como se mencionó anteriormente, el Estado tailandés mantiene registros actualizados de las personas con problemas de estatus legal, clasificándolas en grupos según el periodo en el que fueron censadas por primera vez. Esta medida específica tiene como objetivo regularizar la situación de quienes fueron registrados como residentes antes del año 2000 (hace aproximadamente 25 años). Por consiguiente, las personas cuya entrada al país se documentó con posterioridad a esa fecha no forman parte del grupo beneficiario de esta medida.
