Ms. Thaís Dias Luz Borges Santos serves as General Coordinator for the Prevention and Response to Violence in Schools at Brazil's Ministry of Education. In this capacity, she leads national initiatives aimed at strengthening policy frameworks and institutional responses to school-based violence, with a particular focus on inclusion, diversity, and the protection of vulnerable students. With a career dedicated to education policy and public administration, she has contributed to the development and implementation of strategies that promote equity and strengthen educational governance.
Previously, Ms. Dias Luz served as a Specialist in Educational Strategies and Policy Innovation at Instituto Unibanco, where she focused on upper secondary education, racial equity, and education management. She also served on the coordination team of the Specialized Reference Center for Social Assistance (CREAS) in the state of Minas Gerais.
She holds a bachelor's degree in Social Sciences, with a specialization in Public Policy Management, a master's degree in Sociology, and a Ph.D. in Social Anthropology. Her academic background includes teaching Sociology at a Brazilian Catholic university, participating in community-based college preparatory initiatives, and completing an academic exchange at the Center for Research and Advanced Studies in Social Anthropology (CIESAS) in Mexico.
Thaís Dias Luz Borges Santos se desempeña como Coordinadora General de Prevención y Respuesta a la Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de Brasil. En este cargo, lidera iniciativas nacionales destinadas a fortalecer los marcos de políticas públicas y las respuestas institucionales frente a la violencia escolar, con especial énfasis en la inclusión, la diversidad y la protección de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Con una trayectoria dedicada a las políticas educativas y la administración pública, ha contribuido al desarrollo e implementación de estrategias que promueven la equidad y fortalecen la gobernanza educativa.
Anteriormente, Dias Luz se desempeñó como Especialista en Estrategias Educativas e Innovación en Políticas Públicas en el Instituto Unibanco, donde trabajó en temas relacionados con la educación secundaria, la equidad racial y la gestión educativa. También formó parte del equipo de coordinación del Centro Especializado de Referencia de Asistencia Social (CREAS) en el estado de Minas Gerais.
Es licenciada en Ciencias Sociales, con especialización en Gestión de Políticas Públicas, posee una maestría en Sociología y un doctorado en Antropología Social. Su trayectoria académica incluye la docencia de Sociología en una universidad católica brasileña, la participación en iniciativas comunitarias de preparación para el ingreso a la universidad y un intercambio académico en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México.
Thaís Dias Luz Borges Santos é Coordenadora-Geral de Prevenção e Resposta à Violência nas Escolas do Ministério da Educação do Brasil. Nessa função, lidera iniciativas nacionais voltadas ao fortalecimento de políticas públicas e respostas institucionais à violência no ambiente escolar, com foco na inclusão, na diversidade e na proteção de estudantes em situação de vulnerabilidade. Com uma trajetória dedicada às políticas educacionais e à administração pública, Thaís tem atuado no desenvolvimento e na implementação de estratégias que promovem a equidade e fortalecem a gestão educacional.
Anteriormente, atuou como Especialista em Estratégias Educacionais e Inovação em Políticas Públicas no Instituto Unibanco, onde trabalhou com temas relacionados ao ensino médio, à equidade racial e à gestão da educação. Também integrou a equipe de coordenação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no estado de Minas Gerais.
É bacharela em Ciências Sociais, com especialização em Gestão de Políticas Públicas, mestre em Sociologia e doutora em Antropologia Social. Sua trajetória acadêmica inclui a docência em Sociologia em uma universidade católica brasileira, a participação em iniciativas comunitárias de preparação para o ingresso no ensino superior e um intercâmbio acadêmico no Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), no México. Sua pesquisa e atuação profissional abordam políticas educacionais no Brasil, incluindo temas relacionados às comunidades tradicionais, programas de proteção social, desafios ambientais e prevenção da violência.
Nací en 1991 en un pequeño pueblo de Brasil y crecí siendo testigo de cómo las políticas públicas pueden transformar vidas cuando llegan a las personas que más las necesitan. Mi propia familia vivió esa transformación. A medida que se ampliaba el acceso a la educación y a las oportunidades, mi madre, mis tías y mi abuela desarrollaron sus carreras profesionales trabajando en el ámbito de la educación y la alfabetización de niños, adolescentes y adultos.
Mis abuelos, que estaban profundamente comprometidos con la lucha por la reforma agraria y los derechos de las comunidades rurales, siempre decían que harían todo lo que estuviera en su mano para garantizar que los niños de nuestra familia tuvieran la oportunidad de estudiar. Crecí escuchando que la educación era el camino para ampliar horizontes y labrarse una vida con mayor dignidad.
Fue en este contexto donde llegué a comprender, desde muy joven, el poder que tiene el servicio público para provocar un cambio significativo en la vida de las personas. Sabía que quería trabajar para la Administración, aunque todavía no sabía en qué ámbito.
Cuando me fui de mi ciudad natal para estudiar en la universidad, fui labrándome poco a poco mi propio camino combinando la investigación académica con la práctica profesional. Trabajé en asistencia social, investigación y administración pública antes de darme cuenta de que la política educativa era el ámbito en el que podía aportar más.
Hoy, en el Ministerio de Educación de Brasil, tengo la oportunidad de trabajar en lo que me ha motivado desde el principio: desarrollar políticas públicas que fortalezcan los centros educativos, amplíen las oportunidades y garanticen que los niños y adolescentes encuentren en la educación un espacio de protección, desarrollo personal y construcción de sus proyectos de vida.
En la actualidad, me encargo de coordinar la política nacional de Brasil para hacer frente a la violencia en los centros educativos desde el Ministerio de Educación. Se trata de un momento importante para el país, ya que es la primera vez que el Ministerio crea un departamento específico dedicado exclusivamente a esta cuestión, que hasta ahora se había abordado de forma fragmentada a través de diferentes políticas y programas.
Esta necesidad se hizo aún más evidente en el periodo pospandémico, cuando los centros educativos comenzaron a enfrentarse a importantes retos relacionados con el ambiente escolar, la desmotivación de los alumnos y el abandono escolar, el aumento del discurso de odio entre los jóvenes y la escalada de ataques selectivos contra las instituciones educativas.
Uno de nuestros mayores retos es lograr que toda la comunidad escolar comprenda el papel que desempeña el centro educativo en la prevención y la respuesta ante la violencia. La solución no consiste en convertir los centros educativos en espacios regidos exclusivamente por enfoques punitivos u orientados a la seguridad. Al mismo tiempo, trabajamos para reforzar la idea de que la violencia escolar no es un problema creado únicamente por los centros educativos. Se manifiesta en los centros, pero está determinada por múltiples factores sociales, familiares, económicos, culturales y, cada vez más, digitales. Los centros educativos son instituciones esenciales a la hora de abordar esta realidad, pero no pueden hacerlo por sí solos.
En Brasil, los centros educativos se enfrentan a diferentes formas de violencia. Algunas tienen su origen fuera del centro y traspasan sus límites, como la violencia doméstica, la violencia sexual y la presencia del crimen organizado en determinadas comunidades. Otras surgen en el seno de las relaciones cotidianas del centro, como el acoso escolar, el ciberacoso, la discriminación y los conflictos entre alumnos. También existen formas de violencia institucional, en las que las prácticas escolares provocan, de forma involuntaria, exclusión, humillación o refuerzan las desigualdades.
La función de las políticas públicas es coordinar las respuestas ante esta complejidad. Nuestra estrategia ha consistido en apoyar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en el desarrollo de políticas sobre el clima escolar y la convivencia, invertir en la formación continua del personal docente, elaborar protocolos de prevención, respuesta y recuperación tras incidentes graves, reforzar la coordinación entre el sistema educativo y los sistemas de protección en general, y recabar pruebas y datos que respalden la toma de decisiones fundamentadas.
Nuestro objetivo es garantizar que los centros educativos estén cada vez mejor preparados para prevenir la violencia, responder de forma eficaz cuando se produzcan incidentes y reconstruir sus comunidades tras acontecimientos graves. Más allá de la respuesta ante las crisis, pretendemos reforzar la capacidad de los centros educativos para fomentar entornos de aprendizaje seguros, acogedores, democráticos e inclusivos, en los que los niños y adolescentes puedan aprender, crecer y ejercer plenamente su derecho a la educación.
A lo largo de los años, he aprendido que la prevención no comienza cuando surge la violencia. Comienza mucho antes, cuando las personas tienen acceso a sus derechos, desarrollan un sentido de pertenencia, ven reconocidas y valoradas sus identidades y pueden contar con instituciones que generan confianza y crean oportunidades.
Esta visión también se vio influida por mi investigación en Antropología Social con comunidades tradicionales de la región semiárida de Brasil. Vivir y trabajar junto a estas comunidades me enseñó que, incluso en contextos marcados por la desigualdad, los conflictos y las disputas territoriales, las personas desarrollan estrategias colectivas de cuidado, solidaridad y resiliencia. La prosperidad no significa la ausencia de dificultades; más bien, significa fortalecer los lazos sociales, preservar la dignidad y crear oportunidades para el futuro.
Esta perspectiva guía mi trabajo en la actualidad. Cuando hablamos de prevenir la violencia en los centros educativos, no nos referimos simplemente a evitar incidentes. Nos referimos a crear las condiciones que permitan a los alumnos y al personal docente desarrollar todo su potencial, establecer relaciones sanas y abordar los conflictos de forma democrática y constructiva.
Por este motivo, creo que una escuela segura va mucho más allá de la protección física. Los educadores y los alumnos necesitan seguridad física, emocional, relacional e institucional para poder aprender, enseñar, interactuar y desarrollarse plenamente. Es la integración de estas cuatro dimensiones lo que permite que las escuelas se conviertan en auténticos espacios de protección, pertenencia y desarrollo humano, donde los niños, los adolescentes y los educadores puedan construir proyectos de vida significativos.
Mi consejo principal sería este: dedica tiempo a forjar y cuidar las relaciones.
A menudo creemos que la calidad de la educación depende únicamente del plan de estudios o de las infraestructuras. Aunque ambos aspectos son importantes, la forma en que las personas se relacionan entre sí dentro de los centros educativos constituye en sí misma una poderosa forma de educación.
Aprender a escuchar, entablar un diálogo, resolver conflictos de forma pacífica, reconocer las emociones y establecer relaciones de confianza no son habilidades secundarias. Del mismo modo, garantizar que los entornos escolares reflejen las necesidades de las personas que los habitan y fomenten la conexión, la inclusión y el sentido de pertenencia también forma parte de la educación. Estas competencias y entornos deben cultivarse de forma intencionada.
Esto se aplica no solo a los alumnos, sino también a los adultos. Tanto los profesores como los responsables escolares, las familias y los responsables políticos necesitan espacios para el diálogo, la formación profesional, el apoyo mutuo y la reflexión colectiva. No podemos esperar que las escuelas enseñen la convivencia democrática si nosotros mismos no creamos las condiciones para que se viva en el día a día.
Si pudiera dejar un mensaje, sería este: nunca consideréis las relaciones humanas como algo secundario. Cuidar las relaciones no es un complemento opcional de la educación; es una de las condiciones esenciales para que prosperen el aprendizaje significativo, la inclusión, la equidad y la seguridad.
Creo que las políticas públicas pueden transformar la realidad, pero son las personas las que dan vida a esas políticas. Por eso no debemos dejar nunca de dedicar tiempo y energía a fomentar la confianza, el diálogo y el sentido de pertenencia. Es este trabajo diario, a menudo invisible, el que sustenta a las comunidades capaces de aprender, de cuidarse unas a otras y de construir un futuro común.
Lo que más me impactó del Seminario Lemkin fue darme cuenta de que las atrocidades masivas no se producen de forma repentina. Son el resultado de procesos graduales de deshumanización, polarización, exclusión y debilitamiento de las instituciones. La visita a Auschwitz y Birkenau hizo que esta idea se hiciera profundamente tangible. No solo fue una experiencia histórica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las señales de alerta que preceden a la violencia y sobre nuestra responsabilidad de reconocerlas antes de que sea demasiado tarde.
El seminario puso de relieve que la prevención requiere comprender las causas estructurales de la violencia, garantizar la participación efectiva de los grupos más vulnerables y desarrollar respuestas intersectoriales firmemente basadas en los derechos humanos.
Quizás la lección más importante que he aplicado a mi trabajo es que la prevención no comienza una vez que la violencia ya se ha instalado. Comienza mucho antes, cuando reforzamos las instituciones, ampliamos los derechos, combatimos la desinformación, promovemos la inclusión y creamos oportunidades para que personas de diferentes orígenes convivan democráticamente.
El seminario también reafirmó algo en lo que ya creía firmemente: la educación es una de las políticas públicas más importantes para la prevención de atrocidades. Las escuelas son lugares donde aprendemos a convivir con las diferencias, a desarrollar el pensamiento crítico, a resolver conflictos de forma pacífica y a reconocer la dignidad de cada persona. Cuando invertimos en una educación basada en los derechos humanos, no solo estamos educando a los alumnos, sino que estamos reforzando la capacidad de la sociedad para prevenir el odio, la violencia y futuras atrocidades.
Nací en 1991 en una pequeña ciudad de Brasil y crecí viendo cómo las políticas públicas pueden transformar vidas cuando llegan a las personas que más las necesitan. Mi propia familia vivió esa transformación. A medida que se ampliaba el acceso a la educación y a las oportunidades, mi madre, mis tías y mi abuela forjaron sus carreras profesionales dedicándose a la educación y la alfabetización de niños y niñas, adolescentes y adultos.
Mis abuelos, profundamente comprometidos con la lucha por la reforma agraria y los derechos de las comunidades rurales, siempre decían que harían todo lo que estuviera en su mano para garantizar que los niños y niñas de nuestra familia tuvieran la oportunidad de estudiar. Crecí escuchando que la educación era el camino para ampliar horizontes y construir una vida con mayor dignidad.
Fue en ese contexto donde comprendí, desde muy joven, el poder que tiene el servicio público para generar cambios significativos en la vida de las personas. Sabía que quería trabajar para el gobierno, aunque todavía no sabía en qué ámbito.
Cuando dejé mi ciudad natal para entrar en la universidad, fui labrándome mi propio camino combinando la investigación académica con la práctica profesional. Trabajé en asistencia social, investigación y administración pública hasta darme cuenta de que las políticas educativas eran el ámbito en el que podía aportar más.
Hoy, en el Ministerio de Educación de Brasil, tengo la oportunidad de dedicarme a lo que me ha motivado desde el principio: desarrollar políticas públicas que fortalezcan las escuelas, amplíen las oportunidades y garanticen que los niños, las niñas y los adolescentes encuentren en la educación un espacio de protección, desarrollo personal y construcción de sus proyectos de vida.
Actualmente me encargo de coordinar la política nacional de lucha contra la violencia en los centros educativos del Ministerio de Educación. Se trata de un momento importante para el país, ya que es la primera vez que el Ministerio crea una unidad dedicada específicamente a este tema, que anteriormente se abordaba de forma fragmentada en el marco de distintas políticas y programas.
Esta necesidad se hizo aún más evidente en el período posterior a la pandemia, cuando los centros educativos comenzaron a enfrentarse a importantes retos relacionados con el ambiente escolar, la desvinculación y el abandono escolar, el aumento de los discursos de odio entre los jóvenes y la escalada de ataques dirigidos contra las instituciones educativas.
Uno de nuestros mayores retos es implicar a toda la comunidad educativa en la comprensión del papel que desempeña la escuela en la prevención y la respuesta a la violencia. La solución no consiste en convertir las escuelas en espacios regidos únicamente por enfoques punitivos o de seguridad. Al mismo tiempo, trabajamos para reforzar la idea de que la violencia escolar no es un problema creado exclusivamente por las escuelas. Se manifiesta en ellas, pero está determinada por múltiples factores sociales, familiares, económicos, culturales y, cada vez más, digitales. Las escuelas son instituciones esenciales para hacer frente a esta realidad, pero no pueden hacerlo solas.
En Brasil, los centros educativos se enfrentan a distintas formas de violencia. Algunas tienen su origen fuera del entorno escolar y traspasan sus fronteras, como la violencia doméstica, la violencia sexual y la presencia del crimen organizado en determinadas comunidades. Otras surgen en el seno de las relaciones cotidianas de la escuela, como el acoso escolar, el ciberacoso, la discriminación y los conflictos entre alumnos. También existen formas de violencia institucional, en las que determinadas prácticas escolares provocan, sin quererlo, exclusión, humillación o refuerzan las desigualdades.
El papel de las políticas públicas es coordinar las respuestas ante esta complejidad. Nuestra estrategia ha consistido en apoyar a los estados y municipios en el desarrollo de políticas de convivencia y de clima escolar, invertir en la formación de los educadores, elaborar protocolos de prevención, respuesta y recuperación tras incidentes críticos, reforzar la articulación entre el sistema educativo y los sistemas de protección, y generar datos y pruebas que respalden la toma de decisiones.
Nuestro objetivo es garantizar que las escuelas estén cada vez mejor preparadas para prevenir la violencia, responder de forma eficaz cuando se produzcan incidentes y reconstruir sus comunidades tras acontecimientos críticos. Más allá de la respuesta a las crisis, buscamos reforzar la capacidad de las escuelas para promover entornos de aprendizaje seguros, acogedores, democráticos e inclusivos, en los que los niños, las niñas y los adolescentes puedan aprender, crecer y ejercer plenamente su derecho a la educación.
Con el paso de los años he aprendido que la prevención no empieza cuando surge la violencia. Empieza mucho antes, cuando las personas tienen acceso a sus derechos, desarrollan un sentido de pertenencia, ven cómo se reconocen y valoran sus identidades, y pueden confiar en instituciones que inspiran confianza y generan oportunidades.
Esta visión también se vio influida por mi investigación en Antropología Social junto a comunidades tradicionales del semiárido brasileño. Vivir y trabajar junto a estas comunidades me enseñó que, incluso en contextos marcados por la desigualdad, los conflictos y las disputas territoriales, las personas desarrollan estrategias colectivas de cuidado, solidaridad y resiliencia. La prosperidad no significa ausencia de dificultades; significa fortalecer los vínculos sociales, preservar la dignidad y crear oportunidades para el futuro.
Esta perspectiva guía mi trabajo actual. Cuando hablamos de prevenir la violencia en los centros educativos, no nos referimos únicamente a evitar incidentes. Nos referimos a crear las condiciones para que los alumnos y los educadores desarrollen plenamente su potencial, establezcan relaciones saludables y afronten los conflictos de forma democrática y constructiva.
Por eso creo que una escuela segura va mucho más allá de la protección física. Los educadores y los alumnos necesitan seguridad física, emocional, relacional e institucional para aprender, enseñar, interactuar y desarrollarse plenamente. Es la integración de estas cuatro dimensiones lo que permite que las escuelas se conviertan en verdaderos espacios de protección, pertenencia y desarrollo humano, donde los niños y las niñas, los adolescentes y los educadores puedan construir proyectos de vida significativos.
Mi principal consejo sería este: dediquen tiempo a forjar y cuidar las relaciones.
A menudo creemos que la calidad de la educación depende únicamente del plan de estudios o de la infraestructura. Aunque ambos aspectos son importantes, la forma en que las personas se relacionan dentro de las escuelas constituye, por sí misma, una poderosa forma de educación.
Aprender a escuchar, dialogar, resolver conflictos de forma pacífica, reconocer las emociones y construir relaciones de confianza no son habilidades secundarias. Del mismo modo, garantizar que los entornos escolares reflejen las necesidades de quienes los integran y fomenten la conexión, la inclusión y el sentido de pertenencia también forma parte de la educación. Estas competencias y estos entornos deben cultivarse de forma intencionada.
Esto no se aplica únicamente a los alumnos, sino también a los adultos. Los docentes, los directores de centro, las familias y los responsables de las políticas públicas necesitan espacios para el diálogo, el aprendizaje profesional, el apoyo mutuo y la reflexión colectiva. No podemos esperar que las escuelas enseñen la convivencia democrática si nosotros mismos no creamos las condiciones para vivirla en el día a día.
Si pudiera dejar un único mensaje, sería este: nunca consideréis las relaciones humanas como algo secundario. Cuidar las relaciones no es un complemento opcional de la educación; es una de las condiciones esenciales para que florezcan el aprendizaje significativo, la inclusión, la equidad y la seguridad.
Creo que las políticas públicas pueden transformar realidades, pero son las personas quienes les dan vida. Por eso nunca debemos dejar de dedicar tiempo y energía a fomentar la confianza, el diálogo y el sentido de pertenencia. Es ese trabajo cotidiano, a menudo invisible, el que sustenta comunidades capaces de aprender, cuidarse unas a otras y construir un futuro compartido.
Lo que más me impactó del Seminario Lemkin fue comprender que las atrocidades masivas no se producen de forma repentina. Son el resultado de procesos graduales de deshumanización, polarización, exclusión y debilitamiento de las instituciones. La visita a Auschwitz y Birkenau hizo que esa comprensión se volviera profundamente tangible. No fue solo una experiencia histórica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las señales de alerta que preceden a la violencia y sobre nuestra responsabilidad de reconocerlas antes de que sea demasiado tarde.
El seminario reforzó la idea de que la prevención requiere comprender las causas estructurales de la violencia, garantizar la participación efectiva de los grupos más vulnerables y desarrollar respuestas intersectoriales firmemente basadas en los derechos humanos.
Quizás la lección más importante que me llevé de vuelta a mi trabajo es que la prevención no empieza cuando la violencia ya se ha instalado. Empieza mucho antes, cuando fortalecemos las instituciones, ampliamos los derechos, combatimos la desinformación, promovemos la inclusión y creamos oportunidades para que personas de diferentes contextos convivan de manera democrática.
El seminario también reafirmó algo en lo que ya creía profundamente: la educación es una de las políticas públicas más importantes para la prevención de atrocidades. Las escuelas son espacios donde aprendemos a convivir con las diferencias, desarrollamos el pensamiento crítico, resolvemos los conflictos de forma pacífica y reconocemos la dignidad de cada persona. Cuando invertimos en una educación basada en los derechos humanos, no solo estamos educando a los alumnos; también estamos fortaleciendo la capacidad de la sociedad para prevenir el odio, la violencia y futuras atrocidades.
Nací en 1991, en una pequeña ciudad de Brasil, y crecí siendo testigo de cómo las políticas públicas pueden transformar vidas cuando llegan a las personas que más las necesitan. Mi propia familia vivió esa transformación. A medida que se ampliaba el acceso a la educación y a las oportunidades, mi madre, mis tías y mi abuela forjaron sus trayectorias profesionales trabajando en la educación y la alfabetización de niños, adolescentes y adultos.
Mis abuelos, profundamente comprometidos con la lucha por la reforma agraria y por los derechos de las comunidades rurales, siempre decían que harían todo lo que estuviera en su mano para garantizar que los niños de nuestra familia tuvieran la oportunidad de estudiar. Crecí escuchando que la educación era el camino para ampliar horizontes y labrarse una vida con más dignidad.
Fue en ese contexto donde comprendí, desde muy temprana edad, el poder que tiene la función pública para promover cambios significativos en la vida de las personas. Sabía que quería trabajar en la administración pública, aunque todavía no sabía en qué ámbito.
Cuando me fui de mi ciudad para empezar la universidad, fui labrándome mi propio camino, compaginando la investigación académica con la práctica profesional. Trabajé en los ámbitos de la asistencia social, la investigación y la administración pública hasta que me di cuenta de que era en las políticas educativas donde podía aportar mi mayor contribución.
Hoy, en el Ministerio de Educación de Brasil, tengo la oportunidad de dedicarme a lo que me ha motivado desde el principio: desarrollar políticas públicas que fortalezcan los centros educativos, amplíen las oportunidades y garanticen que los niños y adolescentes encuentren en la educación un espacio de protección, desarrollo personal y construcción de sus proyectos de vida.
En la actualidad, me encargo de coordinar la política nacional de lucha contra la violencia en los centros educativos en el Ministerio de Educación. Este es un momento importante para el país, ya que es la primera vez que el Ministerio crea una unidad dedicada específicamente a este tema, que anteriormente se abordaba de forma fragmentada a través de diferentes políticas y programas.
Esta necesidad se ha hecho aún más evidente en el periodo pospandémico, cuando los centros educativos han tenido que hacer frente a importantes retos relacionados con el ambiente escolar, la desmotivación y el abandono escolar de los alumnos, el aumento de los discursos de odio entre los jóvenes y la escalada de ataques dirigidos contra las instituciones educativas.
Uno de nuestros mayores retos es involucrar a toda la comunidad escolar en la comprensión del papel que desempeña el colegio en la prevención y la lucha contra la violencia. La solución no consiste en convertir los colegios en espacios regidos exclusivamente por enfoques punitivos o de seguridad. Al mismo tiempo, trabajamos para reforzar la idea de que la violencia escolar no es un problema creado únicamente por los colegios. Se manifiesta en el entorno escolar, pero está condicionada por múltiples factores sociales, familiares, económicos, culturales y, cada vez más, digitales. Las escuelas son instituciones esenciales para hacer frente a esta realidad, pero no pueden hacerlo solas.
En Brasil, los centros educativos se enfrentan a diferentes formas de violencia. Algunas tienen su origen fuera del centro y traspasan sus límites, como la violencia doméstica, la violencia sexual y la presencia del crimen organizado en determinadas comunidades. Otras surgen en las relaciones cotidianas del entorno escolar, como el acoso escolar, el ciberacoso, la discriminación y los conflictos entre alumnos. También existen formas de violencia institucional, cuando las prácticas escolares provocan, aunque sea de forma involuntaria, exclusión, humillación o refuerzan las desigualdades.
El papel de las políticas públicas es coordinar las respuestas ante esta complejidad. Nuestra estrategia ha consistido en apoyar a los estados y municipios en el desarrollo de políticas de convivencia y de clima escolar, invertir en la formación continua de los educadores, elaborar protocolos de prevención, respuesta y recuperación tras incidentes críticos, reforzar la coordinación entre la educación y el resto de sistemas de protección, y generar datos y pruebas que respalden la toma de decisiones mejor fundamentadas.
Nuestro objetivo es garantizar que los centros educativos estén cada vez mejor preparados para prevenir la violencia, responder de forma eficaz cuando se produzcan incidentes y reconstruir sus comunidades tras acontecimientos críticos. Más allá de responder a las crisis, buscamos reforzar la capacidad de los centros educativos para promover entornos de aprendizaje seguros, acogedores, democráticos e inclusivos, en los que los niños y adolescentes puedan aprender, desarrollarse y ejercer plenamente su derecho a la educación.
A lo largo de los años, he aprendido que la prevención no comienza cuando surge la violencia. Comienza mucho antes, cuando las personas tienen acceso a sus derechos, desarrollan un sentido de pertenencia, ven reconocidas y valoradas sus identidades y pueden contar con instituciones que inspiran confianza y generan oportunidades.
Esta visión también se ha visto influida por mi investigación en Antropología Social con comunidades tradicionales de la región semiárida de Brasil. Convivir y trabajar junto a estas comunidades me ha demostrado que, incluso en contextos marcados por las desigualdades, los conflictos y las disputas territoriales, las personas desarrollan estrategias colectivas de cuidado, solidaridad y resiliencia. La prosperidad no significa la ausencia de dificultades; significa fortalecer los lazos sociales, preservar la dignidad y crear oportunidades para el futuro.
Esa perspectiva guía mi trabajo en la actualidad. Cuando hablamos de prevenir la violencia en los centros educativos, no nos referimos simplemente a evitar incidentes. Nos referimos a crear las condiciones para que los alumnos y el personal docente puedan desarrollar plenamente su potencial, establecer relaciones sanas y gestionar los conflictos de forma democrática y constructiva.
Por esta razón, creo que una escuela segura va mucho más allá de la protección física. Los educadores y los alumnos necesitan seguridad física, emocional, relacional e institucional para aprender, enseñar, interactuar y desarrollarse plenamente. Es la integración de estas cuatro dimensiones lo que permite que las escuelas se conviertan en auténticos espacios de protección, pertenencia y desarrollo humano, donde los niños, los adolescentes y los educadores puedan construir proyectos de vida significativos.
Mi principal consejo sería este: dediquen tiempo a forjar y cuidar las relaciones humanas.
A menudo creemos que la calidad de la educación depende únicamente del plan de estudios o de las infraestructuras. Aunque ambos aspectos son importantes, la forma en que las personas se relacionan dentro de los centros educativos es, en sí misma, una poderosa forma de educación.
Aprender a escuchar, dialogar, resolver conflictos de forma pacífica, reconocer las emociones y forjar relaciones de confianza no son competencias secundarias. Del mismo modo, garantizar que los entornos escolares reflejen las necesidades de las personas que los integran y fomenten la conexión, la inclusión y el sentido de pertenencia también forma parte de la educación. Estas competencias y estos entornos deben cultivarse de forma intencionada.
Esto se aplica no solo a los estudiantes, sino también a los adultos. Los profesores, los responsables de los centros educativos, las familias y los responsables de las políticas públicas necesitan espacios para el diálogo, el aprendizaje profesional, el apoyo mutuo y la reflexión colectiva. No podemos esperar que las escuelas enseñen la convivencia democrática si nosotros mismos no creamos las condiciones para que se viva en el día a día.
Si pudiera dejar un único mensaje, sería este: nunca consideréis las relaciones humanas como algo secundario. Cuidar las relaciones no es un complemento opcional de la educación; es una de las condiciones esenciales para que florezcan el aprendizaje significativo, la inclusión, la equidad y la seguridad.
Creo que las políticas públicas pueden transformar realidades, pero son las personas las que dan vida a esas políticas. Por eso, nunca debemos dejar de dedicar tiempo y energía a fomentar la confianza, el diálogo y el sentimiento de pertenencia. Es ese trabajo cotidiano, a menudo invisible, el que sustenta a las comunidades capaces de aprender, cuidarse unas a otras y construir un futuro compartido.
Lo que más me impactó del Seminario Lemkin fue darme cuenta de que las atrocidades masivas no se producen de forma repentina. Son el resultado de procesos graduales de deshumanización, polarización, exclusión y debilitamiento de las instituciones. La visita a Auschwitz y Birkenau hizo que esta comprensión se volviera profundamente concreta. No fue solo una experiencia histórica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las señales de alerta que preceden a la violencia y sobre nuestra responsabilidad de reconocerlas antes de que sea demasiado tarde.
El seminario puso de relieve que la prevención exige comprender las causas estructurales de la violencia, garantizar la participación efectiva de los grupos más vulnerables y desarrollar respuestas intersectoriales firmemente basadas en los derechos humanos.
Quizá la lección más importante que he aprendido para mi trabajo sea que la prevención no empieza cuando la violencia ya se ha instalado. Empieza mucho antes, cuando fortalecemos las instituciones, ampliamos los derechos, combatimos la desinformación, promovemos la inclusión y creamos oportunidades para que personas de diferentes orígenes convivan de forma democrática.
El seminario también reafirmó algo en lo que ya creía profundamente: la educación es una de las políticas públicas más importantes para la prevención de atrocidades. Las escuelas son espacios donde aprendemos a convivir con las diferencias, a desarrollar el pensamiento crítico, a resolver conflictos de forma pacífica y a reconocer la dignidad de cada persona. Cuando invertimos en una educación basada en los derechos humanos, no solo estamos educando a los alumnos; estamos fortaleciendo la capacidad de la sociedad para prevenir el odio, la violencia y futuras atrocidades.