Dr. Rut Diamint is a professor of Political Science at Torcuato Di Tella University and researcher at the National Council of Scientific and Technological Research, based in Buenos Aires, Argentina. An expert on civil-military relations, she has served as Chief of Cabinet and Advisor to the Argentine Ministry of Defense (2004–2005), has held research positions at Florida International University (2008) and Columbia University (2001), and coordinated projects on defense, political leadership, and democracy for the Ford Foundation and Open Society Foundation. Dr. Diamint has featured as an instructor at the Raphael Lemkin Seminar for the Latin American Network for Genocide and Mass Atrocity Prevention since its inception.
La Dra. Rut Diamint es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, con sede en Buenos Aires, Argentina. Es una experta en las relaciones entre civiles y militares y se ha desempeñado como Jefe de Gabinete y Asesor del Ministerio de Defensa Argentino (2004-2005). La Doctora Diamint ha ocupado puestos de investigación en la Universidad Internacional de Florida (2008) y la Universidad de Columbia (2001). Ella ha coordinado proyectos en materia de la defensa, liderazgo político y la democracia para la Fundación Ford y la Open Society Foundation. La Dra. Diamint ha participado como instructora en los Seminarios Raphael Lemkin para la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas desde la primera edición.
Viví como ciudadano durante 16 años bajo dictaduras militares que cometieron atrocidades contra la población civil indefensa. Estos gobiernos fueron responsables de crear miedo, impunidad y falta de libertad. Como académico, busqué respuestas para que estas situaciones no se repitieran, dedicando la mayor parte de mis actividades al estudio de las fuerzas armadas y de la responsabilidad de la sociedad en la gestión y control de las políticas de defensa. La historia opresiva que viví, especialmente durante mi juventud, me ha impulsado a implicarme en este trabajo, tanto personal como profesionalmente.
El acceso a la información y la capacidad real de analizar los hechos son herramientas necesarias para alertarnos sobre formas de discriminación que pueden convertirse en políticas promotoras de genocidios y crímenes contra la población civil. Es necesario desarrollar programas de formación en lo que se conoce como Estado de Derecho, es decir, que las naciones encuentren en su ordenamiento jurídico el instrumento más poderoso para regular la conducta de funcionarios y ciudadanos. Cada vez que permitimos que se formen grietas sociales, rechazamos la diversidad o acabamos con el ejercicio del pluralismo, avanzamos un paso más hacia la segregación, la estigmatización y el capricho. El Estado es responsable de promover la protección de estas libertades y los actores sociales de difundirlas ampliamente y exigir la rendición de cuentas a las autoridades. Por eso, el concepto de rendición de cuentas es tan importante para evitar que los gobiernos actúen con parcialidad e impunidad y puedan atacar a ciertos sectores de la población.
Todo funcionario público debe poner fin a los actos de discriminación en su ámbito de trabajo y, al mismo tiempo, ignorar sus propias limitaciones para aceptar la diversidad. La noción de servidor público no está muy extendida entre los funcionarios latinoamericanos. Se apropian del Estado o, al menos, intentan apoderarse del espacio político. Este concepto de función pública, es decir, trabajar para servir a la población y no al interés personal, no es correctamente entendido ni interpretado por los Poderes Ejecutivos, ni tampoco por las Fuerzas Armadas y el Sector de Seguridad.
Me motiva la esperanza de que las generaciones futuras vivan en democracia, confíen en la democracia y se sientan ciudadanos de una civilización global que se beneficia de las prácticas democráticas.
Como ciudadana viví durante 16 años bajo gobiernos dictatoriales militares que cometieron atrocidades contra la población civil indefensa. Esos gobiernos instalaron el miedo, la impunidad y la falta de libertad. Como académica busqué respuestas para que esas situaciones no se repitieran, dedicando la mayor parte de mi actividad a estudiar las fuerzas armadas y la responsabilidad de la sociedad en conducir y controlar las políticas de defensa. La opresiva historia que viví, especialmente en mi juventud, me impulsaron a involucrarme en el tema de forma personal y profesional.
El acceso a la información y cierta capacidad de analizar hechos son herramientas necesarias para alertar sobre formas de discriminación que pueden tornarse en políticas de genocidio y en crímenes contra la población civil.
Es necesario desarrollar un entrenamiento en lo que se conoce como Estado de Derecho, o sea que las naciones tengan en la ley el instrumento más poderoso para regular la conducta de funcionarios y ciudadanos. Cada vez que se admiten brechas sociales, el rechazo a la diversidad, o se clausura el ejercicio de pluralismo, se avanza un paso hacia formas de segregación, estigmatización y arbitrariedad. El Estado es responsable de promover la protección de esas libertades y los actores sociales son responsables de difundirlas ampliamente y reclamar a las autoridades su incumplimiento. Por ello, el concepto de "accountability" es tan importante para impedir que los gobiernos actúen con parcialidad e impunidad, agrediendo a sectores de la población.
Todo funcionario de gobierno tiene que impedir actos de discriminación en su ámbito de trabajo, y al mismo tiempo prescindir de sus propias limitaciones para aceptar la diversidad. La noción de servidor público no es común entre los funcionarios latinoamericanos. Se apropian del Estado, o al menos, intentan adueñarse de un espacio político. Ni en el Poder Ejecutivo, ni en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se conoce e interpreta correctamente la noción de servidor público, de estar al servicio de la ciudadanía y no de sus intereses personales.
Me motiva la esperanza que las generaciones futuras vivan en democracia, confíen en la democracia, se sientan ciudadanos de una civilización global que se beneficia con las prácticas democráticas.