Mauricio Coitiño (@mauricio_uy) is a specialist in public policy and communications from a human rights perspective. He holds a master's degree in Public Policy from the Catholic University of Uruguay with a specialization in Methods and Analysis. As a consultant, he has completed projects involving the research and design of public policy, trained officials on human rights and discrimination issues, and evaluated international social organizations. Between 2010 and 2011, he coordinated a project titled "Hacia un Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación" (“Towards a National Plan against Racism and Discrimination”) to develop public policy for the Uruguayan government, with support from the Spanish Agency for International Cooperation for Development and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights. From 2017 to 2020, he served as Coordinator of Advocacy and Multilateral Organizations for Amnesty International Uruguay. Mr. Coitiño is an activist and expert in LGBTI rights. From 2005 to 2017, he worked on the active incorporation of Colectivo Ovejas Negras (“Black Sheep Collective”), the leading LGBTI-focused organization in Uruguay, of which he was responsible for work on International Relations. He has published research papers about media discourse and public opinion on cannabis regulation in Uruguay. Mr. Coitiño has been a frequent partner of the Auschwitz Institute, developing and instructing AIPG courses including "Strategies against discrimination from a mass atrocity prevention perspective: LGBTI persons," "LGBTI Rights from a Prevention Perspective," and "Atrocity prevention in the context of the current migration crisis in Colombia."
Mauricio Coitiño (@mauricio_uy) es un activista y experto en derechos de las personas LGBTI, además de ser especialista en políticas públicas y comunicación desde una perspectiva de derechos humanos. Tiene una Maestría en Políticas Públicas con especialización en Métodos y Análisis por la Universidad Católica del Uruguay. Como consultor, ha completado proyectos de investigación y diseño de políticas públicas, capacitación de funcionarios en derechos humanos y discriminación, y evaluación de organizaciones sociales internacionales. Entre 2010 y 2011 coordinó el proyecto “Hacia un Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación” orientado a elaborar esta política pública del gobierno uruguayo, con apoyo de la AECID y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Del 2017 al 2020 se desempeñó como Coordinador de Incidencia y Organizaciones Multilaterales de Amnistía Internacional Uruguay. De 2005 a 2017 integró activamente Colectivo Ovejas Negras, la principal organización LGBTI de Uruguay, de la cual fue responsable del Área de Relaciones Internacionales. Ha publicado trabajos de investigación sobre la discusión mediática y la opinión pública acerca de la regulación del cannabis en Uruguay. El Sr. Coitiño ha sido un colaborador habitual del Instituto Auschwitz, en el desarrollo y como instructor en diferentes cursos del AIPG como “Seminario-taller sobre la prevención de atrocidades y discriminación contra las personas LGBTI en Costa Rica”, “Curso virtual sobre derechos LGBTI desde una perspectiva de prevención” y “Prevención de atrocidades en la actual crisis migratoria en Colombia”.
Me convertí en activista a principios de 2005, cuando conocí el Colectivo Ovejas Negras y decidí unirme a él. Desde entonces, me he dedicado intensamente al activismo por los derechos LGBTI Este trabajo también me ha conectado con el movimiento feminista y la agenda más amplia de derechos humanos, con los que he seguido comprometida hasta el día de hoy. En 2017, comencé a trabajar profesionalmente en derechos humanos en la oficina de Amnistía Internacional en Uruguay. Desde 2020, soy consultora independiente para organismos públicos y organizaciones sociales. Las personas que me inspiran a continuar con mi trabajo son aquellas que se han enfrentado a graves violaciones de sus derechos humanos y convierten el tremendo dolor y las penurias que han sufrido en una fuente de motivación para construir colectivamente una sociedad mejor para las generaciones futuras.
El Colectivo Ovejas Negras es una organización social uruguaya que lucha contra todas las formas de discriminación -especialmente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género- desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. El Colectivo fue fundado a finales de 2004 por antiguos miembros de otras organizaciones LGBTI y activistas independientes, que buscaban un nuevo enfoque de lo que había sido el movimiento en Uruguay hasta ese momento. La organización ha desempeñado un papel fundamental en la dinamización de la movilización social en torno a la diversidad sexual (por ejemplo, las Marchas por la Diversidad que se celebran anualmente en Montevideo pasaron de 500 participantes a más de 50.000 entre 2005 y 2015) y en la creación de reformas que condujeron a la consecución de la igualdad jurídica para las personas LGBTI en el país en 2013 y a la garantía integral de los derechos de las personas trans en 2018. Un rasgo distintivo de Ovejas Negras es que venimos trabajando transversalmente, es decir, "cruzando agendas" con otros movimientos sociales del país y participando activamente en sus luchas.
La educación es de gran importancia: los derechos humanos no pueden ejercerse plenamente sin una educación en derechos humanos y para los derechos humanos. A través de la educación, todas las personas -pero especialmente los niños y adolescentes- pueden conocer sus derechos, reconocer cómo pueden ser violados, identificar qué instituciones y personas son responsables en esas situaciones y determinar cómo utilizar los mecanismos disponibles para exigir la protección de sus derechos. La educación en derechos humanos también promueve el respeto por los derechos de los demás, y llama la atención sobre las distintas violaciones que sufren las personas que se producen en la intersección de identidades o condiciones discriminatorias. Añadiría que no debemos pensar que lo que entendemos por "educación formal e informal" agota la dimensión educativa de los derechos humanos. Es decir, que la comunicación institucional, los funcionarios públicos con funciones de cara al público, la prensa, las expresiones artísticas y cualquier persona que desempeñe una función de mediación también pueden impartir educación sobre derechos humanos.
Como cualquier cuestión de derechos humanos, garantizar los derechos de las personas LGBTI es complejo y requiere el uso de varias estrategias a la vez. Desde el punto de vista de la prevención, garantizar los derechos de las personas LGBTI requiere, en primer lugar, garantizar que el propio Estado no discrimine a las personas por su identidad de género, orientación sexual o características sexuales. Cualquier rasgo discriminatorio debe ser identificado y eliminado de las leyes y normas, dentro de la prestación de servicios públicos (salud, educación, justicia, etc.), y de las comunicaciones públicas de sus instituciones y altos funcionarios. Esto facilita la segunda fase de la estrategia, en la que el Estado tiene la responsabilidad vital: promover una actitud social de respeto y valoración de la diversidad sexual, de género y corporal. Esto puede lograrse, por ejemplo, haciendo visibles las experiencias y contribuciones de las personas LGBTI en las comunicaciones oficiales y promoviendo su capacidad de expresarse libremente.
Sin duda, todos los proyectos de reforma legislativa que eliminan disposiciones discriminatorias, levantan barreras a la inclusión o establecen acciones afirmativas para los segmentos más vulnerables de la población LGBTI han tenido cierto éxito, ya que han mejorado las condiciones de vida. Al mismo tiempo, estos proyectos han enviado mensajes antidiscriminatorios al resto de la población, impactando indirectamente en las personas LGBTI. En Uruguay, la aceptación social de las personas LGBTI ha ido creciendo a medida que el país ha ido avanzando hacia la igualdad legal. En cuanto al derecho a la atención sanitaria de la población LGBTI, una política que sé que ha funcionado en Uruguay y otros países de la región facilita medidas de formación y sensibilización del personal médico sobre diversidad sexual y de género a través de cursos, talleres, guías y protocolos de atención. Los centros y prestadores de salud que han implementado esta política se convirtieron en un centro de "referencia" para las personas LGBTI a través del boca a boca. Esta política también produce un "efecto contagio", que se extiende a otras instituciones de las comunidades donde se encuentran estos establecimientos de salud y también a otros centros de salud donde también trabaja personal capacitado. Para más información, puede visitar Ovejas Negras en YouTube, Instagram y la página de la organización en mapeosociedadcivil.uy. Foto: Mariana Greif - Ladiaria
Comencé en el activismo a inicios de 2005, cuando me enteré de la existencia de Colectivo Ovejas Negras y decidí acercarme al grupo. De ahí en adelante me dediqué intensamente al activismo en derechos LGBTI y eso me conectó con el feminismo y la agenda más amplia de derechos humanos con la que sigo comprometido hasta hoy. En 2017 comencé a trabajar profesionalmente en DDHH en la oficina de Amnistía Internacional Uruguay y desde 2020 lo hago como consultor independiente de organismos públicos y organizaciones sociales.
Quienes más me inspiran a seguir con el trabajo son las personas que, habiendo enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos, convierten el tremendo dolor y dificultades que han sufrido en una fuente de impulso para construir colectivamente una sociedad mejor para las próximas generaciones.
Colectivo Ovejas Negras es una organización social uruguaya que lucha contra toda forma de discriminación, especialmente contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. El Colectivo surgió a fines de 2004 a partir de ex integrantes de otras organizaciones LGBTI y activistas independientes que buscaban una forma nueva de accionar respecto a lo que había sido el movimiento en Uruguay hasta ese momento.
La organización ha tenido un rol fundamental en dinamizar la movilización social en torno a la diversidad sexual (por ejemplo, las Marchas de la Diversidad pasaron de 500 participantes a más de 50.000 entre 2005 y 2015) y en la concreción de las reformas que llevaron a alcanzar la igualdad legal de las personas LGBTI en el país en 2013 y garantizar integralmente los derechos de las personas trans en 2018.
Un rasgo distintivo de Ovejas Negras ha sido trabajar transversalmente, "cruzando agendas" con el resto de los movimientos sociales del país y participando activamente en sus luchas.
La educación tienen una gran importancia: no puede haber ejercicio pleno de los derechos humanos sin una educación en derechos humanos y para los derechos humanos. A través de la educación todas las personas -pero en particular los niños, niñas y adolescentes- pueden conocer sus derechos, reconocer las formas en que esos derechos pueden ser violados, identificar qué instituciones y personas son responsables en esas situaciones y aprender a utilizar los mecanismos disponibles para exigir la protección de los derechos. La educación en derechos humanos también promueve actitudes de respeto a los derechos de las demás personas y una mirada a la diversidad de vulnerabilidades que experimentan las personas ubicadas en la intersección de identidades o condiciones discriminadas.
Agrego que no hay que pensar que lo que entendemos por "educación formal e informal" agota la dimensión educativa en DDHH: la comunicación institucional, las y los funcionarios con exposición pública, la prensa, las expresiones artísticas y toda persona en funciones de mediación también educan.
Como todo problema de derecho humano, garantizar los derechos de las personas LGBTI es complejo y requiere varias estrategias a la vez. Desde una perspectiva de prevención, garantizar los derechos de las personas LGBTI requiere en primer lugar asegurar que el propio Estado no discrimine a las personas por su identidad de género, orientación sexual o caracteres sexuales: hay que identificar y eliminar todo rasgo discriminatorio en sus leyes y normas, en la prestación de servicios públicos (salud, educación, justicia, etc.) y en la comunicación pública de sus instituciones y altos funcionarios. Esto facilita la segunda faceta de esta estrategia, en la que el Estado también tiene una fuerte responsabilidad: la promoción de una actitud social de respeto y valoración de la diversidad sexual, de género y corporal. Esto se puede hacer, por ejemplo, visibilizando las experiencias y aportes de las personas LGBTI desde la comunicación estatal y promoviendo el ejercicio del derecho a la libre expresión de las personas LGBTI.
Sin duda, todos los proyectos de reforma legislativa que eliminan disposiciones discriminatorias, levantan barreras a la inclusión o establecen acciones afirmativas para los grupos más vulnerados de la población LGBTI han sido exitosos en la medida que mejoran las condiciones de vida de las personas y a la vez envían mensajes antidiscriminatorios al resto de la población, lo que también termina impactando indirectamente en las personas LGBTI. En Uruguay, la aceptación social de las personas LGBTI ha ido creciendo a medida que el país avanzaba hacia la igualdad legal.
En el área del derecho a la salud, una política que me consta que ha funcionado en Uruguay y en la región, es la formación y sensibilización de los equipos de salud sobre diversidad sexual y de género a través de cursos, talleres, guías y protocolos de atención. Los centros de salud incluidos en esta política tienden a convertirse en centros "de referencia" para las personas LGBTI a través del boca a boca y además se produce un "efecto contagio" hacia otras instituciones de la comunidad donde se asientan y hacia otros centros de salud donde trabaja el mismo personal formado.
Para más información visite Ovejas Negras en YouTube, Instagram, y mapeosociedadcivil.uy.
Foto: Mariana Greif - Ladiaria